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Marcha en Mar del Plata en apoyo a la científica del INTA sumariada por el estudio Sprint

Virginia Aparicio, de INTA Balcarce, enfrenta un sumario que podría terminar en su exoneración por liderar la participación argentina en el estudio sobre agroquímicos. Este martes hubo una jornada de apoyo frente a la Catedral.

7 de octubre de 2026, 08:00 ·

Frente a la Catedral de Mar del Plata se realizó este martes una jornada de apoyo a Virginia Aparicio, científica del INTA Balcarce que enfrenta un sumario interno por haber participado del proyecto internacional Sprint, que analizó el impacto de los agroquímicos en la salud y el ambiente. Estuvieron presentes la propia Aparicio, voluntarios del estudio, trabajadores y organizaciones de la comunidad.

El gremio de trabajadores del INTA, junto con organizaciones ambientalistas y de salud, impulsa acciones para acompañarla y rechazar lo que consideran una «censura» contra la investigadora. «La información se genera solamente para que vivamos mejor y para tomar mejores decisiones», sostuvo Aparicio.

Un sumario que podría terminar en exoneración

Aparicio lideró la participación argentina en Sprint, que midió la cantidad de agroquímicos en el cuerpo humano y en el ambiente, tanto en el país como en Europa. Argentina se retiró del estudio en 2023, antes de que se presentaran los resultados. Desde entonces, el propio INTA le inició un proceso administrativo que, según se conoció en las últimas semanas, podría terminar con su exoneración: el despido y hasta su inhabilitación como científica.

La investigadora aseguró que todavía no fue notificada formalmente. Contó que el gremio APINTA se enteró de que el consejo directivo del organismo había tratado el tema y resuelto exonerarla, pero que la notificación oficial se postergó. Mientras tanto, sigue trabajando en la institución; para asistir a la jornada tuvo que tomarse el día.

Aparicio calificó de «contradictorio» que la institución que aceptó participar del estudio sea la que ahora la sanciona. Explicó que la decisión depende del directorio del INTA, integrado por cinco representantes del sector público y cinco del privado, entre ellos la Federación Agraria y la Sociedad Rural. Indicó además que el conflicto atraviesa las dos últimas gestiones: «El sumario empezó durante la última parte del gobierno de Alberto Fernández y se enfatiza con el pedido de exoneración en el gobierno de Javier Milei».

Sobre los motivos, dijo no tener pruebas de que hubo presiones para sacarla del INTA, pero remarcó que le resulta llamativo que los problemas empezaran cuando llegó el momento de devolverles a los voluntarios los resultados sobre la presencia de plaguicidas en sus cuerpos.

Tres sumariados

Según relató, el sumario llegó a abarcar a una docena de trabajadores, pero con el tiempo quedaron tres: ella, con la posibilidad de la exoneración, y dos trabajadoras más, con posibles suspensiones. «Ninguno de nosotros hizo nada mal», afirmó, y señaló que son quienes trabajaron en el territorio. Agregó que la coordinadora del proyecto en Países Bajos también dijo en una entrevista que todo se hizo según los protocolos vigentes.

Qué es el estudio Sprint

Sprint («Transición sostenible de protección vegetal: un enfoque de salud global») se desarrolló durante cinco años y terminó este año. Buscaba evaluar el impacto de los agroquímicos en la salud humana y en los ecosistemas. Fuera de Europa, solo participó Argentina, a través del INTA, hasta su retiro en 2023.

En noviembre de 2021 se tomaron muestras a 73 voluntarios en distintos partidos del sur bonaerense, algunos de ellos de General Pueyrredon, y a espacios naturales como suelo y espejos de agua.

El INTA sigue sin difundir oficialmente los datos. Sin embargo, como el proyecto es internacional, los resultados son conocidos. Según esos datos, sin distinción entre zonas urbanas y periurbanas, las personas analizadas en Argentina tienen restos de hasta 10 agroquímicos en sangre, entre 6 y 13 en orina, 18 en materia fecal y hasta 86 plaguicidas distintos en el polvo de sus casas.

Aparicio explicó que el proyecto está financiado por la Unión Europea, cuenta con una base de datos que incluye lo generado en Argentina y tiene más de 60 publicaciones científicas. Para ella, lo que falta es discutir esa información en el contexto nacional.

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