Proyecto Sprint: un voluntario defiende a Aparicio y habla de «un ataque a la ciencia»

Esteban es uno de los 73 voluntarios del sudeste bonaerense que participaron del estudio «Transición sostenible de protección vegetal: un enfoque de salud global», conocido como Sprint. Esta semana habló sobre el sumario que el INTA le inició a Virginia Aparicio, la científica de INTA Balcarce que coordinó la investigación en Mar del Plata, y lo calificó como un «ataque contra la ciencia».

Esteban estuvo en la jornada de visibilización y apoyo a Aparicio que se hizo en el centro de la ciudad, donde la investigadora también estuvo presente. Distintos actores sostienen que Aparicio sufre censura y disciplinamiento por parte de las autoridades del organismo.

Qué encontró el estudio

A los voluntarios les tomaron muestras de su cuerpo y de su entorno. Los resultados detectaron hasta 10 agroquímicos en sangre, entre 6 y 13 en orina y 18 en materia fecal. En el polvo de las casas aparecieron hasta 86 plaguicidas distintos.

Los datos salieron a la luz porque se trata de un estudio internacional. El INTA no los publicó de manera oficial, se retiró del proyecto tres años antes de su finalización e inició un sumario contra la científica y otros trabajadores que participaron, pese a que el propio directorio había decidido sumarse a la investigación.

«Es una situación que da vergüenza ajena»

Esteban es productor agropecuario y hace diez años se pasó a la producción agroecológica. Dijo: «Es una situación que da vergüenza ajena, porque lo que está pasando es un ataque contra la ciencia. Desgraciadamente le ha tocado a Virginia Aparicio aguantarse las consecuencias de eso, pero es un ataque contra la ciencia, porque lo que se está atacando acá son los datos de una científica que hizo una investigación seria, tan seria que fue convocada desde Europa, siguiendo los protocolos que se habían consensuado».

Hay voces que vinculan el giro del INTA con los intereses de la agricultura intensiva, que sigue pesando en la economía nacional. Remarcan además que el directorio del organismo incluye a entidades de grandes productores, como la Federación Agraria y la Sociedad Rural. En esa línea, el voluntario opinó: «Es atacada porque los resultados de esa investigación científica no le caen bien a personas o sectores que tienen intereses económicos particulares». Y agregó: «Más allá de las opiniones sobre las maneras de producir, lo que no es discutible son los datos científicos que después tenemos que analizar como sociedad».

También planteó que el Estado puso recursos públicos en el estudio y ahora descarta sus resultados y no los difunde ni los usa para definir políticas públicas. «Los datos que se obtuvieron son ciencia pública, tiene que ser conocida por la población, no tiene que ser apropiada por el INTA ni por ninguna institución. No se puede ocultar la información de un estudio científico aprobado y al que se le asignaron fondos. Es una cosa totalmente ridícula», afirmó.

Las fumigaciones siguen

Mientras se discute qué pasa con los resultados, las fumigaciones continúan en la agricultura intensiva de Mar del Plata, tanto las legales como las ilegales. En la Provincia de Buenos Aires rige la prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros de las viviendas, pero, se cumpla o no esa distancia, los agroquímicos llegan a la mesa a través de los alimentos.

«En la práctica la vida no ha cambiado. Se sigue haciendo uso de agroquímicos muchas veces sin respetar las indicaciones legales, hay mucho desconocimiento en los que aplican los productos. Y no solo se usan los productos indiscriminadamente sino que se usan mal», dijo Esteban.

Para él, el dato más importante del estudio es que la mayor cantidad de agroquímicos apareció en la materia fecal, lo que indica que ingresaron a través de la comida. «Esto es un problema que afecta no a la gente que está en el campo, al que vive al lado o al quintero que aplica el producto. Nos afecta a todos, porque cualquiera que va a la verdulería y compra una lechuga proveniente del cinturón frutihortícola, es muy probable que tenga una carga importante de agroquímicos regulada por nadie», advirtió.

Esteban cuestionó además que la causa judicial contra la ordenanza que redujo las distancias permitidas para fumigar siga sin resolverse después de 12 años. «Estamos como en un limbo legal que no se termina de definir, que debería ser definido por el Estado, y nadie lo controla», cerró.